Armas robadas en EU, en poder de narcos
Gustavo Castillo García
En Valle de Bravo, elementos del Ejército buscan al menos a cinco integrantes de Los Zetas que lograron huir luego de la detención de cuatro de sus compañeros, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la SIEDO en la ciudad de México Foto: Agencia MVT
Gran parte del armamento asegurado a narcotraficantes mexicanos ha sido robado de instalaciones militares estadunidenses, según han dicho autoridades de ese país a funcionarios mexicanos, revelaron fuentes federales.
En ese arsenal se encuentran lanzacohetes, granadas de fragmentación y otras armas que en México son consideradas de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con información obtenida, la Procuraduría General de la República (PGR) ha intercambiado datos con su contraparte estadunidense respecto de algunas armas y pertrechos asegurados en acciones contra el narcotráfico.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal ha advertido a autoridades de Estados Unidos sobre la necesidad de que se incrementen las medidas de seguimiento a cada arma que se vende en ese país, pues posteriormente muchas son entregadas a miembros de los cárteles mexicanos de la droga.
Programa Gunrunner
Los entrevistados señalaron que tanto la SSP federal como la PGR han obtenido información de autoridades estadunidenses sobre robos de armas en instalaciones militares de aquel país, y que parte de lo sustraído se ha localizado en manos de grupos como Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, que cuenta con integrantes estadunidenses y mexicanos, que operan en Tamaulipas y Nuevo León, así como en Texas.
Los funcionarios entrevistados indicaron que el Programa Gunrunner, recientemente anunciado por el gobierno de Washington, se puso en marcha debido al gran número de armamento procedente de Estados Unidos que está llegando a manos de los criminales que operan en territorio mexicano.
La mayor parte de las armas aseguradas a los narcotraficantes –90 por ciento, según las fuentes consultadas– proceden del país vecino, y en ese mismo sentido se ha señalado que más de 32 por ciento de los pertrechos fueron decomisados en la frontera norte de México.
Los principales puntos para la entrada ilegal de armas a territorio mexicano se localizan en Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Piedras Negras, Coahuila; Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.
Garcia Gustavo. “Armas robadas en EU, en poder de narcos”. La Jornada. 23 Enero 2008. Politica. 29 Enero 2008. < section="politica&article="006n1pol">.
Células de narcotraficantes ya operan en zonas residenciales del Distrito Federal
Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan, entre las delegaciones preferidas por los sicarios
Residencias y hasta penthouses son utilizados como bodegas de armas y laboratorios
Cártel del Pacífico y Zetas, entre los grupos delictivos que se han mudado a la capital
Alfredo Méndez
El Ejército Mexicano cuenta con informes elaborados por sus aparatos de inteligencia que han servido a la Procuraduría General de la República (PGR) para conseguir órdenes de cateo en residencias y penthouses ubicados en varias colonias del Distrito Federal, utilizados por sicarios al servicio del narcotráfico y por operadores financieros de diversos cárteles mexicanos y colombianos.
Desde los primeros días de enero, elementos del Ejército y de las Fuerzas Federales de Apoyo buscan cualquier rastro para dar con estas casas de seguridad en las que operan directamente los capos.
De acuerdo con expedientes judiciales a los que tuvo acceso La Jornada, desde hace dos semanas la PGR ha incrementado la petición de cateos para registrar un buen número de domicilios en la capital del país, en los que presumiblemente operan narcotraficantes.
Documentos de seis juzgados de distrito consultados revelan que el Ministerio Público Federal (MPF) ha aportado como prueba fundamental para conseguir diversos cateos, informes especiales con “carácter confidencial” elaborados por los órganos de inteligencia del país, principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque también ha colaborado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
La información refiere que en la capital del país existen varias casas utilizadas por integrantes del cártel del Pacífico, liderados por El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva; otras residencias son operadas por desertores del Ejército Mexicano conocidos como Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo. También hay domicilios, principalmente penthouses, utilizados por narcotraficantes colombianos del cártel Norte del Valle.
En esas casas se guardan armamento, droga y dinero en efectivo, según refieren los informes de las autoridades militares, además de que la mayoría de esos inmuebles cuentan con centros de vigilancia equipados con sofisticados aparatos de telecomunicación vía satélite. Los domicilios se ubican en colonias residenciales y exclusivas, ubicadas en delegaciones como Miguel Hidalgo, Coyoacán y Tlalpan.
Los expedientes con que los juzgados segundo, tercero, sexto, noveno, decimoquinto y decimoséptimo han librado órdenes de cateo, están basados en indicios recabados por las autoridades militares y por órganos de inteligencia gubernamental. La información proporcionada ayer por este diario pone en tela de juicio las declaraciones que autoridades del Gobierno del Distrito Federal han hecho en años recientes, respecto de que en la capital del país no opera ningún grupo delictivo o cártel dedicado al tráfico de drogas.
Según se pudo conocer en los registros judiciales, las diversas bandas se disputan en el Distrito Federal el control de las operaciones delictivas y financieras. La capital es, pues, una plaza codiciada por los diversos grupos de narcotraficantes: mientras el cártel del Pacífico realiza operaciones de trasiego de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el del Golfo extiende sus redes de inteligencia con la presencia de células, como las integradas por sus espías, conocidos como Los Halcones.
El grupo de Los Zetas también tiene en posesión domicilios camuflados en Querétaro, estado de México y Distrito Federal. Algunos de estos grupos han reclutado taxistas que se encargan de vigilar las actividades de los cuerpos policiacos capitalinos. En colonias como Condesa, Del Valle, Polanco y en la Juárez (en el área que abarca la Zona Rosa) se han detectado lujosos penthouses rentados solamente por dos o tres meses por narcotraficantes colombianos, pero en ese tiempo únicamente en dos o tres ocasiones se tiene registro de la ocupación de los inmuebles.
Mendez Alfredo. “Celulas de Narcotraficantes ya operan en zonas residenciales del Distrito Federal”. La Jornada. 23 Enero 2008. Politica. 29 Enero 2008. < section="politica&article="005n1pol">.
Desarma el Ejército a policías de Tamaulipas
Fueron acuartelados al menos mil agentes municipales y de vialidad
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, entre las ciudades revisadas
De los corresponsales
“Revisión de rutina” del armamento de las corporaciones municipales de Nuevo Laredo Foto: Carlos Figueroa
Elementos del Ejército Mexicano ocuparon ayer las direcciones de Seguridad Pública en las principales localidades de la frontera y del sur de Tamaulipas, acuartelaron a por lo menos mil agentes municipales y de vialidad, mientras pasan revista al armamento y a las patrullas que utilizan, igual que a los vehículos particulares de los mandos.
Ives Soberón Tijerina, secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, informó que en estas acciones el Ejército Mexicano detuvo a cinco agentes preventivos, además de los otros cuatro entregados el pasado fin de semana a la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con el crimen organizado.
Agregó que como parte del Operativo Noreste, que aplica el gobierno federal dos veces al año, en esta ocasión correspondió la revisión a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, además de Río Bravo, Valle Hermoso y Miguel Alemán. Asimismo, se llevó a cabo en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.
Oficinas cercadas
En cada localidad, más de 100 soldados boinas rojas cercaron las oficinas de Seguridad Pública. La tropa se hizo cargo de la custodia de los penales de máxima seguridad de Altamira y de Santa Adelaida, en Matamoros, donde revisaron las armas de cargo de los custodios, igual que las celdas.
En Nuevo Laredo, elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Aerotransportadas ocuparon el edificio de Seguridad Pública, acuartelaron a unos 300 agentes municipales y de tránsito, y sometieron el armamento a una “revisión de rutina”, según notificó el general Rigoberto García Cantú al alcalde Ramón Garza Barrios. Este último explicó que, mientras tanto, el Ejército Mexicano contribuirá a la vigilancia de la ciudad.
Por otra parte, unos 300 habitantes de Matamoros –incluidos familiares de policías– encabezados por la dirigente priísta Martha García Santoyo, marcharon a la plaza de armas para solicitar al alcalde Erick Silva Santos que sea su interlocutor ante el gobierno federal para demandar que sean retiradas del norte de Tamaulipas las fuerzas militares de elite, a las que atribuyen abusos que “han enlutado a familias enteras, porque se les va la mano”. El alcalde se negó a atender la petición.
Media docena de crímenes en cinco estados
Seis personas fueron asesinadas ayer, presumiblemente a manos del crimen organizado. Las víctimas fueron identificadas como José Basurto Sustaita, en Tijuana, Baja California; el abogado Rodrigo Tapia Alcázar, en Acapulco, Guerrero; Juan Hernández, en Celaya, Guanajuato, y Juvenal Velázquez Padilla, en el municipio michoacano de Ziracuarétiro; las otras dos personas murieron en un enfrentamiento entre gavilleros presumiblemente vinculados con el narcotráfico y habitantes de la zona serrana de San Ignacio, Sinaloa. Estos últimos son el comisario ejidal Ricardo González Estrada y Clemente González Jiménez, ambos vecinos de El Carrizal, quienes perseguían a personas armadas que operaban en la región, sin que las pudieran detener.
Un vecino de la colonia Tierra Blanca, cercano a la vivienda donde la madrugada del lunes fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, supuesto operador de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del cártel de Sinaloa, afirmó que “veíamos a gente armada afuera, cuidando la casa, pero pensábamos que allí vivía un comandante, porque frecuentemente llegaban policías y hasta soldados y hasta los saludaban”.
Asimismo, la ejecución del juez tercero penal Ernesto Palacios López, ocurrida el lunes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tiene vinculación con el crimen organizado por la actuación “responsable y seria” que tuvo como funcionario judicial al tratar ese tipo de casos, aseveró el gobernador José Natividad González Parás.
Por otro lado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, elementos del Ejército y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) iniciaron patrullajes en las principales avenidas y colocaron retenes para la detección de armas o la detención de quienes atentaron contra Fernando Lozano Sandoval, primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación. El funcionario convalece en el Centro Médico de Especialidades, donde le fueron extraídas las cinco balas que recibió y es vigilado por militares, más de 20 agentes estatales y otros tantos municipales.
Los alcaldes de Juárez, José Reyes Freís, y de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, fueron citados de emergencia a una reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobierno estatal, con la presencia de funcionarios de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la AFI y las instancias de seguridad estatal, para discutir acciones que frenen los ajustes de cuentas entre grupos criminales.
En el estado de México se desató una balacera entre 10 presuntos integrantes del grupo Los Zetas y más de 100 elementos del Ejército, de la AFI y de la Agencia de Seguridad estatal. El enfrentamiento tuvo lugar en la comunidad Cerro Colorado, municipio de Valle de Bravo, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro presuntos narcotraficantes.
Los ahora detenidos, además de al menos cinco que huyeron, viajaban en dos camionetas con placas del Distrito Federal, mismas que fueron decomisadas, igual que armas largas, 9 mil dólares y envoltorios de droga que iban en los vehículos. Rafael Mendoza Valencia, Antonio González Huerta y Luis Miguel Carvajal, originarios del Distrito Federal, además de José Ángel Rivera Magaña, oriundo de Morelia, Michoacán, fueron trasladados en un helicóptero de la PGR a la SIEDO.
A todo esto, el gobernador de Aguascalientes, el panista Luis Reynoso Femat, pidió “perdón” a su homóloga de Zacatecas, la perredista Amalia García Medina, por los señalamientos que el pasado 17 de enero hizo ante el pleno del Congreso local Filiberto Ramírez Lara, secretario de Seguridad Pública estatal, quien indicó que en hoteles de los municipios zacatecanos de Villa Hidalgo, Pinos, Loreto y El Refugio, entre otros, se encontraban hospedados narcos de los cárteles de El Chapo Guzmán y de los hermanos Valencia y Arellano Félix.
Figueroa Carlos. “Desarma el Ejercito a policías de Tamaulipas”. La Jornada. 23 Enero 2008. Politica. 22 Enero 2008. < section="politica&article="003n1pol">.
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