28 Enero 2008 "Noticias"

Preocupante y deplorable, la reforma en materia de justicia: García Ramírez

“Otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”, advierte
Víctor Ballinas
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, aseveró que la reforma constitucional en materia de justicia “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
Al participar en un foro-debate sobre la reforma judicial, convocado por la Fundación Heberto Castillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ex procurador general de la República, investigador, juez y actual titular de la CIDH destacó que es peligroso “haber colocado en la Constitución una definición de delincuencia organizada”.
Abundó: “Se dice que es delincuencia organizada si tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguna o algunos de los delitos que en la misma (ley) se mencionan; serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada”.
“Como pueden darse cuenta –precisó el investigador– ahí caben muchas cosas. No podemos ser ingenuos, existe esto y es gravísimo. Y suponiendo de buena fe que con ese concepto no van a captar conductas legítimas, no deja de ser un terreno peligroso. Hace 10 años se empezó a caer en la tentación de jueces sin rostro; algunos vimos eso con alarma. Estamos entrando al terreno de los derechos con garantías recortadas o (incluso) sin ellas.”
El experto en materia judicial destacó que “la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un engendro diabólico. Es como El bebé de Rosemary (título en español de una película de Roman Polansky). Muchas de esas figuras que deploramos provienen de ahí, por ejemplo, el arraigo jurídicamente es una mounstruosidad”.
Antes, detalló el jurista, el arraigo se utilizaba sólo para aquellas personas que podrían evadirse de la justicia y estaban en sus domicilios y no podían salir del país o de un estado a otro, pero ahora “no se trata de un verdadero arraigo: es una detención anticipada donde se viola el plazo legal de las 72 horas, se le da la vuelta, se lleva al sujeto a una casa de seguridad, a un hotel o a un establecimiento formal al que sólo falta ponerle el letrero de cárcel preventiva”.
Con la reforma, aprobada ya por el Senado, “vamos a tener dos sistemas de justicia; hemos bifurcado el sistema ordinario y vamos ahora hacia uno que da mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
La reforma de justicia “es ambigua; sería ligero decir que es mala o pésima, tiene aspectos excelentes, pero hay otros que son deplorables. Esta reforma todavía no está consolidada, porque como el Senado le hizo algunas modificaciones al dictamen de la Cámara de Diputados, quedó pendiente su aprobación, pero sinceramente no creo que vayan a hacerle cambios”.
García Ramírez advirtió que hay una desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia, y “el Estado traduce esta demanda en mano dura”.
Finalmente explicó que un sistema penal tiene que tomar los criterios que quiere y que desea; “si es un gobierno democrático, o si es autoritario, tiene que resolver a qué le va a llamar delito, quiénes van a ser los delincuentes, qué vamos a hacer con ellos y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas”.

Ballinas Victor. “Preocupante y deplorable, la rerforma en materia de justicia: Garcia Ramirez”. La Jornada. 28 Enero 2008. Economia. 30 Enero 2008. < section="politica&article="006n1pol">.


En puerta, apoyo material y técnico de EU a México
Se incluyen aviones, helicópteros, radares y equipos de cómputo
Jesús Aranda
En la primera fase del Plan Mérida, el gobierno de Estados Unidos prevé entregar este año a México aviones, helicópteros, sofisticados equipos de cómputo para el almacenamiento de datos y archivos, así como radares, sistemas de comunicación, escáners, detectores de sustancias ilícitas, explosivos y armas, entre otros; además, el paquete de ayuda incluye la capacitación para el mejoramiento de programas de testigos protegidos, contra la corrupción y para mejorar la confianza en los cuerpos policiacos, de protección a los derechos humanos, además de hacer más eficiente el sistema de justicia.
De acuerdo con el documento Mérida Initiative Budget Justification Reference Document Source, del Departamento de Estado, este plan multianual –anunciado en noviembre pasado por el gobierno de George W. Bush, que está a discusión en el Senado estadunidense– proyecta destinar mil 400 millones dólares a México.
Para este 2008 se establecen 33 rubros específicos de apoyo material y técnico para combatir el tráfico de drogas, armas y personas, el terrorismo y para mejorar la seguridad en la frontera.
Este plan –del cual La Jornada tiene copia–, que se discute en el Congreso de Estados Unidos, canaliza recursos principalmente a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública federal (SSP), Comunicaciones y Transportes (SCT), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Instituto Nacional de Migración (INM) y Aduanas.
Según el documento, el gobierno mexicano no recibirá dinero en efectivo, sólo el material, equipo y la capacitación en especie.
Rehabilitación de aeronaves
En lo que respecta a aviones y helicópteros, el Plan Mérida contempla 2 millones 800 mil dólares para rehabilitar y equipar dos aviones Citation, de la flota de la PGR, con equipos sensores, visión infrarroja y el entrenamiento para la tripulación. Así se extenderá la vida útil de las aeronaves hasta por 15 años.
La Secretaría de la Defensa recibirá ocho helicópteros usados tipo Bell 412 EP, que incluyen equipamiento, entrenamiento, refacciones y equipo de visión nocturna, todo por valor de 104 millones de dólares. Estas naves se sumarán a cuatro del mismo tipo con que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana.
La Armada de México obtendrá dos aviones usados tipo CASA-235, que serán también modernizados para que operen en condiciones similares a los que tiene la Guardia Costera de Estados Unidos. Estos aviones para patrullaje marítimo –tienen un costo de 100 millones de dólares– se destinarán a vigilar el corredor Centroamérica-México, por donde ingresa la mayor cantidad de cocaína a Estados Unidos.
El texto afirma que el gobierno de Felipe Calderón solicitó los aviones para que se sumen a los siete CASA-212 con que cuenta la Armada. Se asegura que la Armada adquirirá “a corto plazo” otros cinco aviones CASA-235, para sumar un total de 12 aeronaves.
Por otra parte, la Sedena recibirá un millón 500 mil dólares para equipos de inspección del tipo NIIE, para detectar mariguana, cocaína, metanfetaminas, sustancias sicotrópicas, precursores químicos y explosivos.
El INM obtendrá apoyo por 31 millones 287 mil dólares para mejorar la captura de información de los 165 puntos de entrada al país (58 aeropuertos, 51 puertos y 56 cruces fronterizos), ya que actualmente se captura solamente 80 por ciento de la información.
La SCT recibirá equipo por 25 millones 310 mil dólares para garantizar la seguridad del sistema de comunicación satelital, que prácticamente dejó de operar en el año 2000.
Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda, contará con equipos de inspección y detección (NIIE) por 31 millones 447 mil dólares.
El Cisen tiene previsto obtener materiales por 7 millones 933 mil dólares para mejorar su base de datos e inteligencia con programas de cómputo, sistemas operacionales, seguridad en la red para mejorar labores de inteligencia financiera.
Seguridad Pública federal tiene destinados 29 millones 950 mil dólares por concepto de equipos de inspección y detección, además de entrenamiento de perros detectores de drogas y explosivos.
Programa de vigilancia fronteriza
Por otra parte, la PGR recibirá recursos para áreas específicas: 2 millones de dólares en materiales para el Programa Oasis, que permite el intercambio de información con autoridades estadunidenses sobre actividades ilícitas en la franja fronteriza; particularmente se pretende mejorar la cooperación en el área que va de Tijuana a Matamoros.
También, 43 vehículos blindados, chalecos antibalas, radios, equipo de seguridad y entrenamiento para evitar que los agentes federales sean agredidos o intimidados por el crimen organizado. En total, el apoyo suma 6 millones de dólares.
Ante la necesidad de mejorar el sistema de testigos protegidos y restitución a las víctimas, se canalizarán 2 millones 438 mil dólares, como parte de una estrategia para obtener información fidedigna para combatir las organizaciones criminales, lo que contempla que a los testigos y víctimas se les garantice seguridad y condiciones de vida adeecuadas.
La ayuda incluye partidas especiales para sistemas de control y confianza del personal (28 millones de dólares); equipamiento técnico del laboratorio forense (5 millones); mejoramiento de procedimientos, análisis de datos y seguimiento de los procesos penales (19 millones 878 mil); transparencia en los procedimientos y respeto a los derechos humanos (2 millones de dólares), entre otros.
Además, 5 millones de dólares para capacitar y equipar el área encargada de perseguir delitos financieros y lavado de dinero; en diversos rubros se prevén otros 17 millones para capacitación de personal de PGR y SSP, así como diversas partidas para cuestiones específicas.

Aranda Jesús. “En Puerta, apoyo material y técnico de EU a América”.La Jornada. 28 Enero 2008. Economia. 30 Enero 2008. < section="politica&article="005n1pol">.


Nuevo rechazo de la Iglesia a la confusión en el caso Posadas

Duda también que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del asesinato
Han pasado tres presidentes y las autoridades no tienen interés en ir al fondo del asunto, dice
Angélica Enciso y Ciro Pérez
La Iglesia católica rechazó una vez más que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, haya sido producto de la confusión y que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del crimen.
Esto lo señaló Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, quien también sostuvo que el gobierno federal ha mantenido la hipótesis de “la confusión” una y otra vez, “lo cual quiere decir que las autoridades no tienen interés en ir al fondo, porque sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas”.
Declinó decir quiénes son esas “personalidades pasadas” y aseguró que en ningún momento la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se ha dado por satisfecha con la investigación y, “si no aceptamos esa tesis, tampoco creemos que esta persona que detuvieron sea uno de los autores materiales del crimen”.
Fue un “crimen de Estado”
Ayer, Valdemar Romero, en entrevista en la Catedral Metropolitana, dijo que el propio cardenal Juan Sandoval Íñiguez, también arzobispo de Guadalajara, “ha insistido una y otra vez en que se trató de un crimen de Estado”. Y agregó que sobre lo ocurrido hay muchas dudas y preguntas en el aire que no se han podido contestar. “No hemos recibido una respuesta satisfactoria; han pasado tres presidentes, estamos en el cuarto y hasta ahora la Iglesia no se da por satisfecha por las explicaciones, que resultan ridículas, de la confusión del asesinato infame y sacrílego del cardenal Posadas”.
Al final de la misa oficiada por el cardenal Norberto Rivera, Valdemar Romero dijo sobre la detención de Alfredo Araujo: “No sé si sea un chivo expiatorio; es seguir con esa trama inverosímil, ridícula que los obispos no han aceptado”. Precisó que la detención de “este delincuente no resuelve nada”.
Insistió en que la Iglesia católica continuará con su exigencia de que “se haga justicia, que salga a la luz la verdad, sea cual sea, caiga quien tenga que caer. Se trató de un asesinato cobarde de un cardenal y de su chofer; entonces, en éste y cualquier otro crimen, la sociedad amerita (sic) saber las causas y que se haga justicia. Cosa que hasta el momento no se ha hecho”.
Dijo que la CEM no ha recibido informes concluyentes y fehacientes sobre el caso y puntualizó que “no sería responsable de parte de la Iglesia señalar a alguien; si bien puede haber ciertas pruebas, no se tienen las suficientes como para señalar con el dedo a los autores intelectuales y materiales”.
El vocero de la Arquidiócesis insistió en que “seguimos sin saber por qué este asesinato. No sabemos si los Arellano Félix fueron los responsables, ni podemos decir que en particular sea alguien, pero por supuesto que no es una confusión: iban a matarlo a él (a Posadas), fue a quemarropa, a unos cuantos metros. Esto no puede ser confusión”.
Hace casi 15 años, el nuncio Girolamo Prigione llegó al aeropuerto de Guadalajara la tarde del lunes 24 de mayo de 1993, fecha del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, quien acudió a recibirlo a bordo de un auto Grand Marquís. En esa fecha el funcionario del Vaticano declaró que la Iglesia católica estaba dispuesta a “esperar un tiempo prudente” para que se esclarecieran los hechos y rechazó que hubiese sido un atentado o un crimen de Estado.
El entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, aseguró que la muerte del cardenal y de otras seis personas fue una confusión durante el enfrentamiento de los cárteles de Sinaloa y de Tijuana. Inclusive declaró presuntos responsables a El Güero Palma, El Chapo Guzmán y los Arellano Félix.
Pero pronto la misma Iglesia católica, en voz del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, calificó de “inaceptable la versión de la confusión”, mientras que el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, ratificó: “Está descartado que hubo una confusión; ni el fuego cruzado lo admitimos... las conclusiones de la procuraduría son ridículas”, y planteó una serie de interrogantes:
“¿Por qué no se investiga la razón por la cual los agentes de la procuraduría, enviados desde (la ciudad de) México a investigar el homicidio, salieron antes de que éste fuera cometido? ¿Por qué no se investiga a los altos funcionarios de la PGR que llegaron al aeropuerto de Guadalajara una hora antes de perpetrarse el crimen? ¿Por qué no se indagan las presiones a las que fue sometido el cardenal Posadas en las oficinas de Los Pinos, los días previos a su muerte?”
Los jerarcas católicos también cuestionaron que aún no se indague sobre “el vuelo militar que sacó de Guadalajara a El Chapo Guzmán después del asesinato, así como las intervenciones telefónicas a varios representantes de la Iglesia católica”.
La averiguación sobre el homicidio está integrada por 25 mil 167 fojas, distribuidas en 61 tomos. La inició el procurador Jorge Carpizo en el sexenio de Carlos Salinas, y la continuó en el sexenio de Ernesto Zedillo el procurador (panista) Antonio Lozano Gracia, quien cerró el caso, no sin antes declarar que “fue una investigación verdaderamente exitosa”, que llevó a la misma conclusión de Carpizo.
En julio de 1998 se creó un grupo interinstitucional del que formaron parte el obispo de Cuernavaca, el arzobispo de Chihuahua, José Fernández, funcionarios del gobierno panista de Jalisco y de la PGR. Tiempo después, el cardenal Sandoval Íñiguez volvió a rechazar la postura oficial, descalificó el trabajo de la comisión y, sin proporcionar pruebas contundentes ni establecer móviles precisos, acusó al gobierno federal de encubrimiento y de tener poca voluntad política para esclarecer el asesinato, e insinuó que los responsables están en las entrañas del sistema y ocupan posiciones en sus más altos niveles.
Años después, la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido reabrió la indagatoria, que incluyó diligencias adicionales en los aeropuertos de Tijuana, Guadalajara y la ciudad de México, para determinar qué ocurrió el 24 de mayo de 1993 en la terminal aérea de la capital jalisciense, cuando al filo de las 15:35 fueron asesinados el cardenal Posadas, Pedro Pérez Hérnández, chofer del prelado; Martín Alejandro Aceves Rivas, chofer del alcalde de Arandas; José Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán Medina, escoltas de Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente prófugo; José Manuel Vega Rodríguez y Francisco Rodríguez Cabrera.
En el contexto de la indagatoria se ha investigado a mil 784 personas, 824 números telefónicos, 700 domicilios, 194 armas, 177 vehículos, así como 22 cuentas bancarias.

Encisco Angelica.” Nuevo rechazo de la Iglesia a la confusion en el caso Posadas”. La Jornada. 28 Enero 2008. Politica. 30 Enero 2008.< section="politica&article="003n1pol">.